De las costumbres a las primeras constituciones
Cuando hablamos de constituciones, solemos pensar en documentos solemnes, escritos por juristas y políticos, que establecen las reglas de funcionamiento de un país. Sin embargo, la idea de organizar la convivencia mediante normas que todos deben respetar es mucho más antigua que las constituciones modernas. Aristóteles ya utilizaba el término politeia para referirse a la manera en que se organizaba una comunidad y, tanto en la antigua Grecia como en Roma, existían costumbres, principios y prácticas que cumplían una función parecida a la de una constitución, aunque no siempre estuvieran reunidos en un documento único. Eran reglas que se habían desarrollado con el tiempo y que formaban parte de la vida cotidiana, sin necesidad de que todas estuvieran recogidas en un texto escrito ni de que una autoridad central decidiera cada aspecto de la convivencia.
Durante la Edad Media europea comenzaron a aparecer acuerdos que ponían ciertos límites al poder de los monarcas. Uno de los más conocidos fue la Carta Magna de 1215, que la nobleza inglesa obligó a aceptar al rey Juan Sin Tierra. Contrariamente a lo que suele creerse, aquel documento no nació para defender los derechos de toda la población, sino fundamentalmente para proteger los privilegios de determinados sectores de la nobleza frente a los abusos del rey. Aun así, dejó establecido un precedente importante: el monarca no podía hacer absolutamente todo lo que quisiera, porque también estaba sujeto a ciertas reglas.
Inglaterra continuó avanzando por ese camino durante los siglos siguientes. Documentos como la Petition of Right (Petición de Derechos) de 1628 y el Bill of Rights (Declaración de Derechos) de 1689 contribuyeron a fortalecer una idea que acabaría teniendo una enorme influencia: para proteger las libertades era necesario limitar el poder de quienes gobernaban.
Las constituciones modernas y la promesa de libertad
La Constitución de Estados Unidos, redactada en 1787, se convirtió en uno de los principales modelos del constitucionalismo moderno. Ya no se trataba simplemente de establecer acuerdos para frenar determinados abusos de un monarca, sino de organizar desde sus fundamentos un nuevo sistema político, definiendo las instituciones, sus competencias y la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Era, al menos en teoría, una forma de establecer las reglas del juego antes de que comenzara la partida, de manera que el poder político tuviera que actuar dentro de unos límites previamente establecidos y conocidos por todos.
Poco después, la Constitución francesa de 1791 intentó llevar a la práctica los principios políticos surgidos de la Revolución francesa, especialmente la idea de que la soberanía no pertenecía al rey, sino a la nación. A partir de entonces, tener una constitución escrita comenzó a considerarse una característica casi indispensable de cualquier Estado moderno, como si poner las reglas por escrito fuera suficiente para garantizar que los gobernantes las respetaran y que los ciudadanos estuvieran protegidos frente a sus abusos. Sin embargo, una cosa es escribir las reglas y otra muy distinta conseguir que quienes tienen el poder las cumplan.
Cuando las constituciones comenzaron a servir al poder
Aquí aparece una contradicción que, a mi juicio, cambia por completo la manera de entender las constituciones: aquello que nació con la intención de limitar el poder terminó convirtiéndose también en una herramienta para justificarlo y fortalecerlo. La constitución pasó a ser mucho más que un conjunto de restricciones para los gobernantes, porque se convirtió en el documento que daba fundamento legal a las instituciones del Estado, establecía sus facultades y justificaba su autoridad sobre los ciudadanos. En otras palabras, el poder encontró la manera de presentar su propia existencia y sus decisiones como algo legítimo, simplemente porque estaban respaldadas por un texto constitucional.
Los políticos comprendieron que una constitución no tenía por qué representar un obstáculo para sus ambiciones; al contrario, podía convertirse en una herramienta extraordinariamente útil. Bastaba con ampliar las competencias del Estado mediante los mecanismos previstos en ella o interpretar sus disposiciones de una manera favorable a quienes gobernaban. Así, lo que debía servir para impedir los abusos también podía utilizarse para darles apariencia de legalidad, de modo que la constitución dejaba de ser únicamente un límite y se convertía en una autorización escrita para ejercer el poder.
El historiador del constitucionalismo Charles Howard McIlwain estudió cómo la idea de limitar a los gobernantes mediante normas es mucho más antigua que las constituciones modernas. Sus trabajos ayudan a entender una dificultad que sigue presente: las reglas destinadas a contener el poder político tienen que funcionar dentro de un sistema cuyas propias instituciones participan en su aplicación e interpretación.
Murray Rothbard, desde una posición mucho más crítica frente al Estado, cuestionó precisamente la confianza que suele depositarse en las constituciones como garantía de libertad. Su razonamiento apunta a un problema bastante sencillo de comprender: si las instituciones del propio Estado interpretan las reglas que supuestamente limitan sus facultades, ¿quién garantiza que esas interpretaciones no terminen favoreciendo al poder? Es como permitir que uno de los participantes de un juego decida, además, qué significan las reglas cada vez que surge una discusión, y no hace falta demasiada imaginación para sospechar quién podría terminar beneficiándose.
Carl Schmitt, que defendía una concepción muy diferente del Estado, también entendía que detrás de toda constitución existe una decisión política fundamental. Para él, una constitución no era simplemente una recopilación de normas jurídicas, sino la expresión de una decisión sobre cómo debía organizarse el poder. Aunque Schmitt y Rothbard defendían ideas políticas muy distintas, sus planteamientos permiten observar algo importante: las constituciones no aparecen por generación espontánea ni son documentos neutrales que caen del cielo. Alguien decide su contenido, establece las instituciones y determina las facultades que tendrán quienes gobiernen, tomando decisiones que afectan a toda la sociedad, incluyendo a quienes no participaron en su elaboración y a quienes jamás estuvieron de acuerdo con ellas.
Friedrich Hayek, por su parte, advirtió sobre los peligros de que el Estado utilizara las leyes para ampliar su intervención en la vida económica y social. Desde esa perspectiva, muchas disposiciones constitucionales que se presentan como garantías de bienestar pueden convertirse también en justificaciones legales para planificar, redistribuir y controlar actividades que antes pertenecían al ámbito de las decisiones individuales. De este modo, la constitución puede terminar funcionando como un manual que no solo establece lo que el Estado no debe hacer, sino que le señala nuevas áreas en las que está autorizado a intervenir. Cuando todo eso queda escrito en la ley suprema de un país, hasta las decisiones más arbitrarias pueden llegar a presentarse como perfectamente constitucionales.
¿Las constituciones nos conceden derechos?
Hay una idea muy extendida que merece examinarse con cuidado: la creencia de que las constituciones nos otorgan derechos. Escuchamos constantemente que la Constitución nos da derecho a expresarnos, a trabajar, a tener propiedades o a vivir en libertad. Los políticos repiten esas expresiones con tanta naturalidad que terminamos aceptándolas como si fueran verdades evidentes, pero ¿de verdad necesitamos que un grupo de legisladores escriba un artículo para tener derecho a vivir libremente?
Los derechos fundamentales no proceden de la generosidad de ningún gobierno. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a buscar nuestra propia felicidad no nace cuando alguien lo escribe en un documento oficial, porque son derechos inherentes a la condición humana, que existen independientemente de que un Estado decida reconocerlos o ignorarlos. Si mañana un gobierno eliminara de su constitución el derecho a la libertad de expresión, ¿dejaríamos por eso de tener derecho a expresar nuestras ideas? Por supuesto que no, porque lo que desaparecería sería su reconocimiento legal, no el derecho en sí mismo.
La diferencia es fundamental, porque aceptar que el Estado nos concede nuestros derechos significa admitir que también puede quitárnoslos cuando lo considere conveniente. En ese caso, la libertad dejaría de ser una condición propia del ser humano para convertirse en una especie de permiso concedido por quienes gobiernan, algo parecido a decirnos que podemos ser libres mientras nos portemos bien y no incomodemos demasiado a las autoridades. Por mucho que aparezca escrito en una constitución, eso tiene muy poco que ver con la libertad.
La Constitución que casi nadie conoce
Hay otra contradicción que siempre me ha llamado la atención. La mayoría de las personas está convencida de que sus derechos están protegidos por la Constitución de su país y confía en ella como si fuera una especie de escudo que las defiende frente a cualquier abuso del poder. Sin embargo, me atrevería a sospechar que, si preguntáramos a esas mismas personas cuántas han leído su constitución, encontraríamos que muy pocas lo han hecho.
Y no me refiero solamente a los ciudadanos comunes, porque sospecho que tampoco faltan políticos que hablan constantemente de defender la Constitución sin conocer demasiado bien su contenido, a pesar de que algunos incluso han jurado respetarla. ¿No resulta extraño que el documento supuestamente más importante para nuestra convivencia sea, al mismo tiempo, uno de los menos conocidos?
Si de verdad fuera indispensable para proteger nuestra libertad, lo lógico sería que todos necesitáramos conocerlo. Sin embargo, la mayoría de las personas vive sin haber leído una sola página y sin que ese desconocimiento tenga consecuencias evidentes en su vida cotidiana. Mi explicación es bastante menos solemne que la que suelen ofrecer los expertos: en la práctica, las constituciones sirven de muy poco para impedir que el poder actúe como le conviene y, por eso, conocerlas no parece ser una necesidad real para la mayoría de los ciudadanos.
Sería interesante hacer un pequeño experimento y pedirle al presidente de cualquier país que explicara, sin ayuda de asesores, el contenido de varios artículos de su propia constitución. Quisiera equivocarme, pero sospecho que los resultados podrían ser bastante divertidos o preocupantes, según se mire.
Las constituciones también existen en las dictaduras
La historia ofrece ejemplos que permiten comprobar hasta qué punto puede existir una enorme distancia entre lo que promete una constitución y lo que realmente sucede en un país. La Constitución soviética de 1936, aprobada durante el gobierno de Stalin, reconocía formalmente libertades como las de expresión, prensa y reunión. Leída sin conocer el contexto histórico, podría parecer un documento extraordinariamente respetuoso de los derechos ciudadanos, pero mientras aquellas libertades figuraban solemnemente en el papel, millones de personas sufrían la represión del régimen, eran encarceladas o enviadas a campos de trabajo forzado. Expresar una opinión contraria al poder podía tener consecuencias terribles, así que cabe preguntarse de qué servía entonces que la libertad de expresión estuviera reconocida en la Constitución.
En América Latina encontramos otra contradicción frecuente. Muchos textos constitucionales contienen extensos catálogos de derechos económicos, sociales y laborales que los gobiernos presentan como grandes conquistas, aunque millones de ciudadanos no puedan ejercerlos realmente. México ofrece un ejemplo interesante: su Constitución reconoce la libertad de trabajo y establece garantías para el ejercicio de actividades económicas, pero al mismo tiempo existe una enorme cantidad de permisos, licencias, impuestos y regulaciones que pueden dificultar considerablemente que una persona trabaje o emprenda un negocio por cuenta propia. La libertad aparece reconocida como un derecho, aunque su ejercicio termina condicionado por las exigencias del mismo aparato estatal que afirma protegerla.
Todavía hay ejemplos más reveladores. Cuando Benito Mussolini llegó al poder en Italia, el país contaba con un marco constitucional establecido por el Statuto Albertino de 1848, un documento que no fue abolido cuando se instauró el régimen fascista. Mussolini utilizó las instituciones existentes, promovió nuevas leyes y fue transformando el sistema político hasta convertirlo en una dictadura. La constitución seguía allí, pero no impidió que desaparecieran las libertades políticas.
Algo parecido ocurrió en Argentina durante la última dictadura militar. La Constitución de 1853, con sus reformas, no fue eliminada formalmente, aunque quedó subordinada a los instrumentos y disposiciones mediante los cuales los militares organizaron su gobierno. Durante aquellos años se cometieron miles de asesinatos, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos, sin que la existencia de una constitución impidiera aquellos crímenes.
Estos ejemplos tienen algo en común: demuestran que un país puede conservar su constitución mientras los gobernantes hacen exactamente lo contrario de lo que ese documento promete. Incluso puede pasar de un régimen democrático a una dictadura sin necesidad de destruir el texto constitucional que supuestamente protegía sus instituciones y libertades.
El poder no desaparece porque esté escrito en un papel
Después de recorrer esta historia, resulta difícil seguir creyendo que las constituciones son, por sí mismas, una garantía efectiva de libertad. Pueden reconocer derechos, establecer límites, organizar instituciones y proclamar principios admirables, pero nada de eso asegura que los gobernantes respeten lo que está escrito. Cuando deciden ignorarlo, reinterpretarlo o modificarlo para ampliar sus facultades, el propio sistema político suele ofrecerles los mecanismos para hacerlo.
Por eso considero que las constituciones han terminado convirtiéndose en grandes ficciones jurídicas. Son documentos rodeados de solemnidad, presentados como la máxima protección de los ciudadanos, pero incapaces de impedir que el poder actúe contra ellos cuando tiene la fuerza y los medios para hacerlo. Si mañana desaparecieran, sospecho que la mayoría de las personas apenas notaría la diferencia, porque seguirían levantándose para trabajar, pagando impuestos, cumpliendo regulaciones y enfrentándose a las mismas decisiones políticas que condicionan sus vidas. Los gobernantes, por supuesto, tendrían que encontrar otra manera de justificar su autoridad, aunque estoy seguro de que no tardarían demasiado en conseguirlo.
Al final, las constituciones parecen haberse convertido en otro de esos símbolos a los que se nos enseña a rendir respeto casi automático, como las banderas, los himnos, los escudos o las estatuas de los grandes personajes nacionales. Se las presenta como algo sagrado, como si cuestionarlas fuera una amenaza contra la convivencia o contra la libertad misma, cuando en realidad una constitución no deja de ser un documento escrito por personas, interpretado por personas y utilizado por personas que ejercen el poder.
Ningún documento, por solemne que sea, puede convertir la autoridad política en una garantía de libertad simplemente porque así lo declare en sus páginas. En definitiva, las constituciones son, a mi juicio, vitrinas jurídicas que intentan embellecer el oscuro paisaje de la política, otro símbolo más incorporado a esa larga colección de objetos e instituciones a los que se nos invita a rendir culto patriótico.
