Pocas palabras han acumulado tanta mala prensa como “capitalismo”. Se utiliza para explicar la desigualdad, las crisis financieras, la corrupción empresarial, los monopolios, los salarios bajos y prácticamente cualquier abuso relacionado con el dinero. Con frecuencia se habla de él como si fuera una ideología política comparable con el socialismo, el comunismo o el fascismo, un proyecto concebido por alguien y posteriormente impuesto a la sociedad. Sin embargo, el capitalismo no determina quién debe gobernar, cuántos partidos deben existir ni cómo debe organizarse políticamente un país. En esencia, es una forma de organización económica basada en la propiedad privada, el ahorro, la inversión y el intercambio entre personas que buscan satisfacer sus propias necesidades.
Por esa razón puede existir una economía capitalista dentro de una democracia, de una monarquía e incluso de una dictadura. Lo que cambia de un país a otro es el grado de libertad económica que acompaña a esa economía. Cuando la propiedad y los contratos son respetados y las personas pueden intercambiar bienes y servicios con relativa libertad, nos acercamos al libre mercado. Cuando el poder político decide quién puede competir, concede privilegios, protege monopolios, fija precios o rescata determinadas empresas con dinero público, la economía sigue teniendo propiedad privada, pero su funcionamiento se aleja considerablemente de ese ideal.
Esta distinción es importante porque buena parte de lo que suele denunciarse como “capitalismo salvaje” tiene poco de mercado libre. Un empresario que consigue un contrato público gracias a sus contactos políticos, recibe una regulación diseñada para perjudicar a sus competidores o logra que el Estado lo rescate cuando su negocio fracasa no está triunfando gracias a los consumidores. Está utilizando el poder político para protegerse de ellos. Un empresario que opera en un mercado competitivo solamente obtiene nuestro dinero si consigue convencernos de que vale la pena comprar lo que ofrece; el Estado, en cambio, puede obtenerlo mediante impuestos y entregárselo a quien decida. El problema no es que existan empresarios corruptos —siempre existirán—, sino que algunos tengan acceso al poder necesario para enriquecerse sin tener que satisfacer a sus clientes.
También conviene distinguir capitalismo de mercado. El intercambio voluntario es antiquísimo. Existía cuando un pescador cambiaba pescado por trigo, cuando un artesano vendía una vasija o cuando un comerciante llevaba mercancías de una ciudad a otra. El capitalismo moderno añade algo decisivo: la acumulación de capital. Una parte de lo producido deja de consumirse inmediatamente, se ahorra y posteriormente se utiliza para aumentar la capacidad de producir en el futuro.
Pensemos en un pescador que obtiene diez peces diarios. Puede consumirlos todos o venderlos y gastar inmediatamente el dinero, pero también puede consumir una parte, ahorrar el resto y utilizar esos recursos para adquirir una red mejor. Gracias a ella podrá capturar más peces empleando menos tiempo. Esa red es capital. También lo son un tractor, una máquina industrial, un barco mercante, un horno, una computadora o las herramientas de un pequeño taller. El capital no es simplemente dinero acumulado en una cuenta bancaria; es ahorro transformado en instrumentos capaces de aumentar la producción.
Ahí reside una de las aportaciones fundamentales del capitalismo. Una persona con una pala puede trabajar desde el amanecer hasta la noche y realizar un esfuerzo extraordinario. Otra, utilizando una excavadora, puede hacer en una hora lo que la primera tardaría varios días en terminar. La diferencia no está necesariamente en la inteligencia, la fuerza física o la disposición para trabajar, sino en las herramientas disponibles. Un trabajador actual produce mucho más que uno de hace trescientos años porque dispone de maquinaria, energía, conocimientos, sistemas de transporte y tecnología acumulados durante generaciones. El capital no elimina el valor del trabajo; multiplica su productividad.
Nada de esto significa que los empresarios sean necesariamente buenos, prudentes u honestos. Los hay abusivos, incompetentes y corruptos, exactamente igual que existen médicos negligentes, maestros mediocres, funcionarios venales, periodistas deshonestos y trabajadores que roban a sus empleadores. Ningún sistema económico elimina los defectos humanos. La cuestión importante es qué incentivos establece y qué mecanismos posee para limitar las consecuencias de esos defectos.
El mercado utiliza un mecanismo particularmente interesante: permite que el interés personal termine satisfaciendo necesidades ajenas. Un panadero no necesita levantarse a las cuatro de la mañana movido por un amor infinito hacia sus vecinos. Puede hacerlo sencillamente porque necesita ganar dinero. Pero para conseguirlo tendrá que preparar un pan que otras personas quieran comprar. Su interés es personal; el resultado beneficia también al consumidor. Si el pan es malo, demasiado caro o existe una alternativa mejor, los clientes pueden marcharse a otra panadería. El beneficio depende, al menos en un mercado competitivo, de conseguir que alguien valore voluntariamente lo ofrecido.
La búsqueda de beneficios, por tanto, no necesita desaparecer para que exista cooperación. Puede convertirse precisamente en uno de sus motores. Alguien puede desear hacerse millonario, pero mientras no pueda recurrir a la fuerza ni obtener privilegios políticos tendrá que convencer a otras personas de que les conviene entregarle voluntariamente su dinero. Esa es una diferencia fundamental entre poder económico y poder político: una empresa puede ofrecernos un producto; el Estado posee además la capacidad de obligarnos.
Otra acusación frecuente sostiene que el capitalismo crea desigualdad. Aquí conviene separar dos cuestiones distintas. Los seres humanos somos naturalmente diferentes en capacidades, intereses, ambiciones, decisiones, circunstancias familiares e incluso suerte. Por tanto, una sociedad completamente libre difícilmente producirá resultados idénticos. Eso no significa que cualquier desigualdad sea justa. Una fortuna obtenida mediante corrupción, fraude, privilegios políticos o monopolios protegidos por el Estado merece un juicio diferente de una fortuna construida creando productos que millones de personas decidieron comprar.
La igualdad ante la ley y la igualdad económica tampoco son la misma cosa. La primera exige que las reglas sean aplicadas sin privilegios; la segunda pretende igualar resultados que surgen de millones de decisiones diferentes. El problema aparece cuando se confunden ambas y se supone que toda diferencia económica constituye por sí misma una injusticia. Dos personas pueden comenzar en circunstancias similares y terminar en lugares muy distintos porque eligieron profesiones diferentes, ahorraron cantidades distintas, asumieron riesgos diferentes o simplemente tuvieron distinta fortuna. Una sociedad puede intentar garantizar derechos iguales sin pretender que todos sus integrantes terminen necesariamente con los mismos resultados.
El capitalismo tampoco apareció como consecuencia de una revolución destinada a imponerlo. No hubo un manifiesto fundador ni un momento preciso en que un gobierno decretara que a partir de entonces existirían ahorro, comercio e inversión. Fue desarrollándose durante siglos a medida que las personas comerciaban, acumulaban recursos, prestaban dinero, creaban sociedades mercantiles y encontraban nuevas formas de producir. Esa evolución fue compleja y estuvo acompañada de guerras, privilegios, colonialismo y numerosas formas de intervención estatal, por lo que sería simplista describir toda la historia económica moderna como el desarrollo puro de un mercado libre. Pero su mecanismo fundamental surgió de innumerables decisiones descentralizadas, no de un plan único concebido desde el poder.
El crecimiento del comercio y posteriormente de la industrialización contribuyó además a transformar el viejo orden social europeo. Durante siglos, la posición de una persona estuvo condicionada de manera extraordinaria por su nacimiento. En las sociedades feudales, millones de campesinos vivían sujetos a relaciones de dependencia ligadas a la tierra y disponían de pocas posibilidades para modificar su condición. El desarrollo de las ciudades, los talleres, el comercio y finalmente las industrias fue ampliando las alternativas. Aparecieron nuevos oficios, empleos asalariados, negocios y oportunidades de movilidad que antes eran mucho más limitadas.
Esa transformación estuvo lejos de ser idílica. La Revolución Industrial produjo jornadas agotadoras, condiciones laborales terribles, trabajo infantil y ciudades insalubres. Sería absurdo negarlo. Pero también inició un proceso de crecimiento de la productividad que, con el tiempo, permitió salarios reales más elevados, jornadas más cortas y un nivel de consumo inimaginable para generaciones anteriores. El progreso no ocurrió porque los primeros empresarios industriales fueran particularmente compasivos, sino porque una economía cada vez más productiva comenzó a generar una cantidad de bienes y oportunidades que antes sencillamente no existían.
El salario desempeña un papel importante en ese sistema. Un trabajador no vende su persona; acuerda entregar durante determinado tiempo sus conocimientos, habilidades y trabajo a cambio de una remuneración. El empresario, por su parte, aporta o consigue los recursos necesarios para desarrollar la actividad: local, maquinaria, materias primas, electricidad, transporte, administración y capital para pagar salarios antes de saber si el producto finalmente se venderá. Ambas partes aceptan el intercambio porque esperan obtener algo que valoran.
Esto conduce inevitablemente a la vieja discusión sobre la plusvalía. La crítica marxista sostiene que el trabajador produce un valor superior al salario recibido y que el propietario se apropia de la diferencia. El argumento parece intuitivo cuando se observa únicamente la relación entre salario y precio final, pero el proceso productivo contiene muchos otros elementos. El precio de venta debe cubrir materias primas, maquinaria, alquileres, energía, transporte, administración, distribución, impuestos y otros costos. Además existe algo imposible de eliminar: el riesgo. El empresario paga buena parte de esos recursos antes de saber si los consumidores estarán dispuestos a comprar el producto.
El trabajador, por el contrario, recibe el salario acordado aunque el producto todavía no haya encontrado comprador. Si el negocio fracasa, conserva lo que ya cobró; quien aportó el capital puede perder su inversión, quedar endeudado o cerrar la empresa. Esto no convierte automáticamente al empresario en una víctima ni significa que cualquier salario ofrecido sea razonable. Significa simplemente que trabajo y capital cumplen funciones distintas dentro del proceso productivo y que reducir todo beneficio empresarial a una cantidad arrebatada al trabajador ignora buena parte de ese proceso.
Existe además otro problema con la idea de que el valor de una mercancía depende esencialmente del trabajo incorporado a ella: podemos dedicar diez años a fabricar algo completamente inútil sin conseguir que nadie pague un centavo por ello. El esfuerzo tiene importancia para quien produce, pero el valor económico aparece cuando otra persona considera útil el resultado. El consumidor no pregunta cuántas horas fueron necesarias para fabricar una silla antes de decidir si la compra; observa la silla, compara su precio con otras alternativas y decide cuánto vale para él.
La ganancia empresarial puede entenderse así como la recompensa obtenida cuando alguien combina correctamente trabajo, capital y recursos para satisfacer una demanda. No está garantizada. Si interpreta correctamente lo que quieren los consumidores, puede ganar dinero; si se equivoca, puede perderlo. Ganancias y pérdidas transmiten información. Indican qué productos están siendo valorados y qué recursos podrían estar utilizándose de manera equivocada. Cuando el Estado elimina sistemáticamente las pérdidas mediante rescates o garantiza beneficios mediante privilegios, altera precisamente ese mecanismo.
Esto tampoco significa que todo trabajador deba convertirse en empresario. Muchas personas prefieren recibir un salario relativamente previsible y no asumir la incertidumbre de conseguir clientes, financiar maquinaria, negociar con proveedores o arriesgar sus ahorros. Otras prefieren trabajar por cuenta propia, formar una cooperativa o crear una empresa. Una economía basada en la propiedad privada permite todas esas posibilidades, aunque no garantiza que ninguna de ellas tenga éxito.
Las diferencias de ingresos pueden surgir también de la escala del valor producido. Una persona que corta el césped de una casa resuelve un problema real para una familia. Un programador que desarrolla una herramienta utilizada por cien millones de personas puede resolver un problema simultáneamente para millones. Ambos realizan un trabajo legítimo, pero el alcance económico de lo que hacen es diferente. La remuneración no mide el valor moral de una persona; refleja, de manera imperfecta, cuánto están dispuestos otros a pagar por determinadas habilidades, productos o soluciones.
Bill Gates ofrece un ejemplo conocido. Su fortuna no apareció porque retirara físicamente dinero de los bolsillos de los trabajadores de Microsoft, sino porque la empresa participó en la expansión mundial de la informática personal. Windows permitió que millones de hogares y empresas utilizaran computadoras mediante una plataforma relativamente estandarizada. Microsoft tuvo prácticas comerciales discutibles y llegó a enfrentarse a importantes procesos antimonopolio, pero eso no elimina el enorme valor económico generado por la informática personal. Empresas y particulares compraron aquellos productos porque consideraron que les permitían hacer cosas cuyo valor superaba el precio pagado.
Esto no significa que toda persona rica haya obtenido honestamente su patrimonio ni que la pobreza demuestre falta de esfuerzo o capacidad. Existen herencias, fraudes, circunstancias familiares extraordinariamente diferentes, monopolios legales, corrupción y conexiones políticas. Una defensa razonable del capitalismo no necesita convertir a los ricos en santos. Lo importante es distinguir entre riqueza obtenida satisfaciendo voluntariamente a consumidores y riqueza obtenida utilizando el poder para impedir la competencia o apropiarse de recursos ajenos.
El argumento más importante a favor del capitalismo, sin embargo, no se encuentra en la fortuna de los multimillonarios, sino en la extraordinaria transformación material experimentada por la humanidad durante los últimos dos siglos. Durante la mayor parte de nuestra historia, la pobreza extrema no fue una excepción, sino la condición habitual de la inmensa mayoría de las personas. Hambre, mortalidad infantil elevada, enfermedades hoy curables, viviendas precarias y una existencia sometida casi por completo a la necesidad material fueron durante milenios parte normal de la vida humana.
Ese panorama comenzó a cambiar con una velocidad sin precedentes a partir de la industrialización. La acumulación de capital, la innovación tecnológica, el comercio, el crecimiento empresarial y el aumento continuo de la productividad permitieron producir cada vez más utilizando menos recursos y menos trabajo humano. La reducción histórica de la pobreza tiene múltiples causas —instituciones, avances científicos, estabilidad política, educación, salud pública y desarrollo tecnológico, entre otras—, por lo que atribuirla exclusivamente a un único factor sería excesivo. Pero resulta igualmente difícil explicar esa transformación sin el enorme aumento de productividad producido por economías que permitieron empresa, inversión, comercio y acumulación de capital.
Basta observar cualquier habitación moderna para comprender la complejidad de ese proceso. Un teléfono móvil contiene minerales extraídos en distintos países, componentes fabricados en otros, patentes, programas informáticos, sistemas de transporte, puertos, bancos, aseguradoras, distribuidores y comercios. Ninguna persona conoce por completo el proceso que permitió producirlo. Tampoco existe una oficina central capaz de determinar diariamente cuántos teléfonos, zapatos, tornillos, tomates o refrigeradores necesita cada ciudad y qué características debe tener cada uno.
La coordinación ocurre mediante millones de decisiones independientes conectadas por precios. Cuando algo escasea, su precio tiende a aumentar y esa señal incentiva a buscar más oferta o alternativas. Cuando existe demasiado de un producto que nadie quiere, aparecen pérdidas y los recursos comienzan a desplazarse hacia otros usos. El mecanismo está lejos de funcionar sin fricciones, pero posee una capacidad extraordinaria para procesar información dispersa entre millones de personas que ninguna autoridad central podría reunir en tiempo real.
Ahí aparece la relación profunda entre capitalismo y libertad. No porque cualquier sociedad capitalista sea necesariamente políticamente libre —la historia demuestra que no es así—, sino porque el funcionamiento del mercado descansa en decisiones individuales: qué comprar, qué vender, dónde trabajar, cuánto ahorrar, qué producir, en qué invertir y con quién intercambiar. Cuanto mayor es la intervención política sobre esas decisiones, menor es el espacio en el que las personas pueden actuar por cuenta propia.
El capitalismo tampoco promete igualdad absoluta ni felicidad. Ningún sistema económico puede garantizar una familia unida, una vida satisfactoria o tranquilidad espiritual. Lo que ofrece es algo más limitado: un mecanismo mediante el cual millones de personas que no se conocen pueden cooperar porque cada una encuentra alguna ventaja en hacerlo. No necesita que desaparezcan el egoísmo, la ambición o el deseo de enriquecerse. Intenta canalizarlos mediante una regla sencilla: para prosperar de manera legítima hay que producir algo que otros estén dispuestos a valorar.
Naturalmente, el mercado necesita reglas. La propiedad debe estar protegida, los contratos deben cumplirse, el fraude debe castigarse y ninguna empresa debería poder utilizar la violencia o comprar privilegios políticos para eliminar a sus competidores. Defender el capitalismo no significa defender cualquier cosa que haga una compañía privada. Una empresa que soborna a un funcionario, obtiene un monopolio legal o consigue que sus pérdidas sean pagadas por los contribuyentes está precisamente escapando de la disciplina del mercado.
La discusión fundamental no debería ser, por tanto, si los empresarios son buenos o malos. Son seres humanos y encontraremos entre ellos exactamente la misma variedad moral que en cualquier otro grupo. La cuestión es qué sistema permite que una persona prospere principalmente cuando consigue satisfacer las necesidades de otras y cuál permite que lo haga acercándose al poder para obtener privilegios.
El capitalismo merece ser defendido no porque produzca una sociedad perfecta, sino porque reconoce algo elemental: las personas poseen conocimientos, necesidades y proyectos diferentes y deben disponer del mayor espacio posible para decidir qué hacer con ellos. Propiedad, ahorro, inversión, trabajo e intercambio forman una red de cooperación que no necesita una autoridad central determinando cada movimiento. El consumidor puede decir que no. El trabajador puede buscar otra oferta. El empresario puede equivocarse y perder. Otro puede ocupar su lugar.
Esa posibilidad de elegir es precisamente lo que distingue al mercado libre de los sistemas organizados alrededor de la imposición. Uno confía, con todas sus imperfecciones, en millones de decisiones tomadas desde abajo; el otro concentra cada vez más decisiones arriba y necesita después que alguien las haga cumplir.
El capitalismo no elimina la ambición humana. Tampoco elimina la desigualdad, el fracaso, la codicia o la estupidez. Ningún sistema puede hacerlo. Su virtud es otra: permite que personas imperfectas cooperen sin necesitar compartir los mismos objetivos, las mismas ideas ni siquiera los mismos valores. Cada una busca algo diferente y, sin embargo, el intercambio puede beneficiar a ambas.
Por eso quizá la mejor manera de entender el capitalismo no sea imaginarlo como una doctrina ni como una bandera política. Es, ante todo, una economía de personas que poseen, producen, ahorran, invierten, trabajan e intercambian. Una economía en la que nadie debería tener garantizado el éxito y en la que el poder político debería intervenir lo menos posible para decidir quién gana y quién pierde.
En última instancia, la cuestión no es elegir entre empresarios perfectos y funcionarios perfectos, porque ninguno de los dos existe. La cuestión es decidir dónde queremos colocar la capacidad de elegir: en millones de individuos que toman decisiones sobre su propia vida o en un número reducido de personas que las toman por los demás.
Por eso, más que una economía de la riqueza, el capitalismo puede entenderse como una economía de la libertad.
