Durante casi treinta años estuvo al lado de Fidel Castro. Conoció sus movimientos, sus rutinas, sus viajes y probablemente muchos de los secretos que rodeaban al hombre que gobernaba Cuba. Durante buena parte de ese tiempo fue responsable de algo tan elemental como decisivo: mantenerlo con vida. José Abrantes Fernández, conocido como Pepe Abrantes, no fue simplemente otro funcionario de la Revolución cubana. Fue jefe de la escolta personal de Fidel, ascendió dentro de los órganos de seguridad y terminó convertido en ministro del Interior, responsable de uno de los aparatos de inteligencia, vigilancia y control más poderosos de América Latina.
En mayo de 1989 seguía siendo uno de los hombres más importantes de Cuba. El día 25 de ese mes concedió una entrevista a Granma, órgano oficial del Partido Comunista, en la que recordó con orgullo sus años al lado de Fidel y aseguró que proteger al comandante en jefe había sido la misión más delicada y compleja de su vida. Nada permitía imaginar entonces la velocidad con que se desplomaría su carrera. Apenas un mes después fue destituido como ministro del Interior; poco después terminó detenido y en agosto un tribunal militar lo condenó a veinte años de prisión. Menos de dos años más tarde, el hombre que había pasado décadas dentro del círculo de máxima confianza de Fidel Castro murió preso en Guanajay. La causa oficial fue un infarto.
Puede haber sido exactamente eso. Pero cuando se reconstruye lo ocurrido entre mayo de 1989 y enero de 1991 aparecen demasiadas preguntas como para reducir esta historia a la caída de un ministro que cometió errores y terminó pagando por ellos. Detrás de Abrantes aparecen el general Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, el Departamento MC, millones de dólares, narcotraficantes colombianos, una profunda purga del Ministerio del Interior y una reorganización del aparato de seguridad cubano. Y, sobre todo, aparece una pregunta que nunca quedó satisfactoriamente respondida: ¿Pepe Abrantes cayó porque ignoraba lo que hacían algunos de sus subordinados o porque sabía demasiado?
Para entender la dimensión de su caída hay que comprender primero quién era. Durante años Abrantes dirigió la escolta personal de Fidel Castro, un trabajo particularmente sensible en un país cuyo gobernante había sido objeto de numerosos planes de asesinato. Quien estuviera al frente de aquella estructura necesariamente debía conocer sus desplazamientos, sus viajes, sus rutinas y buena parte de las personas que podían acercarse a él. Eso no significa que Abrantes participara en todas las decisiones políticas de Fidel, pero sí que pertenecía a un círculo al que muy pocos tenían acceso. Su relación con el poder no consistía simplemente en asistir a reuniones oficiales: durante años su responsabilidad fue conseguir que Fidel Castro siguiera vivo.
Abrantes continuó ascendiendo dentro de los órganos de seguridad y para comienzos de los años setenta ya ocupaba posiciones importantes en el Ministerio del Interior. En 1985 sustituyó a Ramiro Valdés como ministro y quedó al frente de una estructura que incluía la Seguridad del Estado, la contrainteligencia, la policía, inmigración, guardafronteras y organismos capaces de desarrollar operaciones clandestinas dentro y fuera de Cuba. El antiguo jefe de la escolta de Fidel estaba ahora sentado sobre una enorme cantidad de información y controlaba uno de los centros neurálgicos del poder cubano.
Entre aquellas estructuras estaba el Departamento MC —Moneda Convertible—, encargado de conseguir divisas y recursos mediante operaciones comerciales desarrolladas fuera de los canales convencionales. Cuba necesitaba dólares, productos y tecnología, y para conseguirlos recurría a intermediarios, empresas y operaciones internacionales que en ocasiones se desenvolvían en terrenos poco transparentes. Al frente del Departamento MC estaba el coronel Antonio de la Guardia Font, Tony de la Guardia, un veterano de operaciones sensibles del gobierno cubano. El problema comenzó cuando las acusaciones oficiales señalaron que algunos de aquellos hombres habían pasado del comercio clandestino destinado a obtener recursos para el Estado a algo mucho más grave: el narcotráfico.
Tony de la Guardia no trabajaba en una organización ajena al gobierno ni ocupaba un puesto insignificante perdido dentro de la burocracia. Su estructura pertenecía al Ministerio del Interior y mantenía contacto con su dirección. Por eso, cuando en 1989 comenzaron a conocerse las acusaciones sobre operaciones con narcotraficantes colombianos, la posición de Abrantes resultó inevitablemente comprometida. Si el ministro sabía lo que ocurría, había un problema enorme; pero si no sabía nada, aparecía otro igualmente difícil de explicar: ¿cómo podía el hombre encargado de uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados de América Latina desconocer durante tanto tiempo lo que hacían algunos de sus propios subordinados?
En junio de 1989 Cuba recibió una noticia extraordinaria: el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez había sido detenido. Ochoa era Héroe de la República de Cuba y uno de los oficiales de mayor prestigio militar del país. Junto con él aparecieron otros nombres, entre ellos Tony de la Guardia. Las acusaciones incluían operaciones comerciales ilegales, contrabando y narcotráfico. Según la investigación oficial, funcionarios cubanos habían establecido relaciones con narcotraficantes colombianos y participado en operaciones destinadas a facilitar el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos utilizando territorio y aguas cubanas.
La situación planteaba una paradoja difícil de ignorar. Cuba poseía un aparato capaz de infiltrar organizaciones del exilio, descubrir conspiraciones, vigilar diplomáticos y mantener agentes durante años dentro de instituciones extranjeras. Sin embargo, según la versión oficial, algunos altos funcionarios habían conseguido desarrollar durante aproximadamente dos años y medio operaciones ilegales de considerable magnitud sin que el ministro encargado de aquel aparato comprendiera realmente lo que ocurría. Es posible que Tony de la Guardia y sus hombres ocultaran la naturaleza criminal de determinadas operaciones mientras Abrantes conocía solamente las actividades comerciales legales o semiclandestinas del Departamento MC. Pero aceptar esa explicación significa aceptar también que el aparato encargado de averiguar prácticamente todo fracasó durante años en descubrir lo que sucedía dentro de su propia casa.
La otra posibilidad resulta mucho más incómoda: que Abrantes conociera al menos parte de aquellas operaciones. En ese caso las preguntas cambian radicalmente. ¿Qué sabía exactamente? ¿Desde cuándo? ¿Y quién las había autorizado? Durante el proceso posterior aparecieron además indicios del enorme volumen de recursos que circulaba por el Ministerio del Interior. La fiscalía habló de un manejo extraordinariamente discrecional de moneda convertible y sostuvo, entre otras cosas, que Abrantes había autorizado en apenas catorce meses la adquisición de alrededor de 1,300 vehículos por una cantidad cercana a cuatro millones de dólares. No se trataba, por tanto, de pequeñas operaciones desarrolladas en los márgenes de una institución gigantesca.
Años después apareció un testimonio particularmente delicado. En 1992, la agencia EFE informó que el periódico francés Le Monde había publicado fragmentos de un manuscrito atribuido a Patricio de la Guardia, hermano de Tony, escrito desde prisión y sacado clandestinamente de Cuba. Según aquellas informaciones, Héctor de la Guardia, hijo de Patricio y sobrino de Tony, confirmó la autenticidad del manuscrito. Patricio sostenía que estaba convencido de que las operaciones clandestinas realizadas por su hermano contaban con autorización superior y afirmaba que Tony le había contado que había entregado más de tres millones de dólares procedentes de aquellas operaciones a Abrantes y al general Luis Barreiro, entonces viceministro del Interior. Incluso aseguró haber ayudado personalmente a Tony, en una ocasión, a transportar una maleta con dinero destinada a Barreiro.
La acusación más grave, sin embargo, iba mucho más lejos. Según una reconstrucción publicada posteriormente por Norberto Fuentes, Abrantes y Patricio de la Guardia coincidieron presos en Guanajay y el 18 de enero de 1991 habrían mantenido una discusión durante la cual el antiguo ministro supuestamente reconoció que Fidel Castro conocía determinadas operaciones relacionadas con drogas. La afirmación no depende únicamente de Fuentes. En la carta atribuida a Patricio, este relató posteriormente que pocos días antes de morir Abrantes había tenido un altercado con él y que el antiguo ministro le habría reconocido que ciertas operaciones relacionadas con cocaína habían sido ordenadas desde arriba. La cronología contribuyó inevitablemente a alimentar las sospechas: la supuesta conversación habría ocurrido el 18 de enero de 1991 y Abrantes murió el día 21.
Otro testimonio provino de José Luis Llovio-Menéndez, antiguo funcionario cubano y hombre relacionado familiarmente con Tony de la Guardia. Años después declaró al programa FRONTLINE, de la televisión pública estadounidense PBS, que Tony lo había llamado repetidamente desde La Habana durante los meses anteriores a su arresto. Según Llovio, Tony terminó confesándole que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico, pero añadió algo mucho más grave: aseguró que Tony le dijo que actuaba siguiendo una orden que no podía rechazar, procedente del ministro José Abrantes, y que esa orden habría llegado a Abrantes desde Fidel Castro.
El testimonio es explosivo, pero sus límites son evidentes. No existe una grabación de aquella conversación, no existe una orden escrita y Tony de la Guardia murió sin poder confirmar posteriormente esa versión. Lo que existe es el relato de Llovio sobre lo que Tony supuestamente le dijo. Por tanto, ese testimonio no demuestra que Fidel Castro ordenara operaciones de narcotráfico y convertirlo en un hecho probado significaría ir más allá de la evidencia disponible. Sin embargo, Llovio atribuyó también a Tony una reflexión inquietante: si aquellas operaciones eran descubiertas, nadie reconocería haber dado las órdenes y él quedaría solo. Poco después fue detenido.
El proceso contra Ochoa, Tony de la Guardia y los demás acusados fue televisado. Tony sostuvo que aquellas operaciones buscaban conseguir divisas para la Revolución y negó haberse enriquecido personalmente. El tribunal condenó a muerte a Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón, y los cuatro fueron fusilados el 13 de julio de 1989. Con ellos desaparecieron cuatro hombres capaces de explicar desde dentro cómo habían funcionado aquellas operaciones, pero Abrantes seguía vivo. Si Tony había mentido y Abrantes jamás le había ordenado nada, el antiguo ministro podía ser considerado un responsable extraordinariamente negligente, incapaz de controlar lo que sucedía bajo su mando. Pero si Tony realmente había recibido instrucciones de Abrantes, este se convertía en una pieza fundamental para reconstruir una posible cadena de mando.
Abrantes había sido destituido el 29 de junio. Resulta llamativo que el comunicado oficial que anunció su salida señalara que, pese a las graves deficiencias encontradas en el ministerio, había gozado y continuaba gozando de la confianza de la dirección revolucionaria. Pocas semanas después estaba preso. En agosto comenzó la llamada Causa Número 2 de 1989 y la propia fiscalía reconoció que no había encontrado pruebas suficientes para demostrar que Abrantes hubiera participado directa y conscientemente en las operaciones de narcotráfico. Los cargos se concentraron fundamentalmente en negligencia en el servicio, abuso de autoridad y utilización indebida de recursos. A pesar de ello, recibió una condena de veinte años de prisión.
La caída fue absoluta. El antiguo general, ministro del Interior y jefe de la escolta de Fidel perdió en cuestión de semanas su cargo, sus grados, su posición política y finalmente su libertad. La crisis tampoco terminó con él. Otros altos funcionarios fueron procesados y buena parte de la dirección del Ministerio del Interior terminó sustituida. Abrantes fue reemplazado por el general Abelardo Colomé Ibarra, Furry, procedente de las Fuerzas Armadas y estrechamente relacionado con Raúl Castro. Oficiales provenientes de las FAR y de la inteligencia militar comenzaron a ocupar posiciones importantes dentro del MININT, con una consecuencia política evidente: las estructuras vinculadas a Raúl aumentaron considerablemente su influencia sobre el aparato de seguridad interior.
No existe prueba de que esa hubiera sido la finalidad original de los procesos contra Ochoa, Tony y Abrantes, pero sí fue una de sus consecuencias. Y el momento histórico difícilmente podía ser más delicado. En 1989, mientras La Habana procesaba a algunos de sus hombres más importantes, el bloque comunista comenzaba a derrumbarse. Gorbachov impulsaba la perestroika, crecían los movimientos opositores en Europa Oriental y pocos meses después caería el Muro de Berlín. Para Fidel y Raúl Castro, mantener bajo control las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad en aquel contexto no era una simple cuestión burocrática, sino un asunto de supervivencia política.
Después del juicio, Pepe Abrantes terminó recluido en la prisión de Guanajay. Había algo particularmente inquietante en su nueva situación. Durante décadas había pertenecido a las estructuras encargadas de vigilar a otros, había conocido expedientes secretos y mecanismos de control inaccesibles para la mayoría de los cubanos; ahora él era el vigilado. Pero conservaba algo que ningún tribunal podía confiscarle: su memoria. Había pasado casi treinta años dentro del corazón del aparato de seguridad, había estado extraordinariamente cerca de Fidel Castro, había dirigido el Ministerio del Interior y conocía las operaciones internacionales de algunos de sus hombres.
Si alguien podía explicar aspectos desconocidos del funcionamiento interno de determinadas operaciones clandestinas, Abrantes estaba en una posición privilegiada para hacerlo. Tenía además veinte años de cárcel por delante y, en algún momento, podía hablar, escribir o dejar algún testimonio. No sabemos si alguna vez tuvo intención de hacerlo y afirmarlo sería especular. Lo indiscutible es que poseía información potencialmente incómoda para muchas personas. Pero no tuvo veinte años para decidir qué hacer con ella.
El 21 de enero de 1991 José Abrantes murió mientras cumplía condena. Según la versión oficial, había estado realizando ejercicios físicos cuando comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. La causa anunciada fue un infarto. Tenía 58 años. Es perfectamente posible que muriera exactamente así: un hombre de esa edad puede sufrir un ataque cardíaco y Abrantes estaba sometido además a una enorme presión después de haber perdido prácticamente todo lo que había construido durante su vida.
Su muerte, sin embargo, alimentó otras versiones. Antiguos funcionarios, presos y personas relacionadas con aquellos acontecimientos hablaron posteriormente de medicamentos, inyecciones, retrasos en la asistencia médica e incluso sustancias destinadas a provocar problemas cardíacos. Norberto Fuentes desarrolló una versión especialmente detallada que relacionaba la muerte de Abrantes con los secretos que conocía. Ninguna de esas versiones ha podido demostrarse de manera concluyente mediante evidencia independiente. No existe una prueba forense conocida que permita afirmar que Pepe Abrantes fue asesinado y decir que Fidel Castro ordenó matarlo significaría convertir una sospecha en un hecho.
Pero ni siquiera es necesario hacerlo para comprender por qué su muerte continúa despertando dudas. La pregunta esencial quizá no sea quién mató a Abrantes, porque no sabemos que alguien lo matara. La pregunta es qué sabía Abrantes. Si aceptamos íntegramente la versión oficial, fue un ministro extraordinariamente negligente: durante años algunos de sus subordinados desarrollaron operaciones internacionales ilegales, establecieron relaciones con narcotraficantes y movieron grandes cantidades de dinero sin que el hombre encargado del Ministerio del Interior comprendiera realmente lo que estaba ocurriendo. Es posible, pero supondría aceptar uno de los fracasos internos más sorprendentes de un aparato cuya razón de ser era precisamente detectar actividades clandestinas.
Si Abrantes sí conocía las operaciones, la cuestión se vuelve mucho más complicada. Llovio-Menéndez afirmó que Tony de la Guardia le había dicho que las órdenes procedían de Abrantes y, en última instancia, de Fidel Castro. Patricio de la Guardia sostuvo que estaba convencido de que su hermano actuaba con autorización superior. Existen otros testimonios y reconstrucciones que apuntan en direcciones similares. Ninguna de esas piezas demuestra por sí sola que Fidel Castro ordenara operaciones de narcotráfico, pero todas contribuyen a explicar por qué la versión de unos subordinados actuando completamente por su cuenta nunca consiguió cerrar definitivamente el caso.
Quizás esa prueba nunca aparezca. Los sistemas construidos alrededor del secreto rara vez producen documentos que describan con precisión operaciones comprometedoras. Las órdenes pueden transmitirse verbalmente, las responsabilidades pueden fragmentarse y, cuando algo sale mal, reconstruir quién sabía qué puede resultar extraordinariamente difícil. Eso no demuestra que existiera una orden superior, pero sí explica por qué, décadas después, las mismas preguntas continúan abiertas.
Hay, sin embargo, algo que no depende de testimonios ni teorías. Antes de junio de 1989, Arnaldo Ochoa era uno de los generales más prestigiosos de Cuba, Tony de la Guardia dirigía importantes operaciones internacionales y Pepe Abrantes ocupaba el Ministerio del Interior después de décadas dentro del círculo de confianza de Fidel Castro. Cuando terminó la crisis, Ochoa estaba muerto, Tony estaba muerto, otros dos oficiales habían sido fusilados, Abrantes estaba en prisión y buena parte de la dirección del MININT había sido removida. Abelardo Colomé Ibarra, un hombre procedente de las Fuerzas Armadas y estrechamente vinculado a Raúl Castro, controlaba ahora el Ministerio del Interior.
Fidel seguía gobernando y Raúl continuaba al frente de las Fuerzas Armadas. Uno de los mayores escándalos sufridos por la Revolución había quedado contenido dentro de un grupo perfectamente delimitado de responsables. Un resultado políticamente conveniente no demuestra que hubiera sido planificado, pero el resultado existió y forma parte de la historia.
Abrantes tampoco fue un disidente ni una víctima inocente del sistema al que había servido. Durante décadas formó parte de su aparato de seguridad y llegó a dirigirlo. Su historia tiene interés precisamente por eso: la maquinaria de vigilancia, secreto, disciplina y obediencia que había ayudado a administrar terminó girándose contra uno de sus propios hombres. El que vigilaba terminó vigilado, el hombre que conocía los expedientes terminó convertido en expediente y quien durante años tuvo como misión proteger la vida de Fidel Castro terminó preso por el mismo gobierno al que había dedicado prácticamente toda su vida.
Quizás Pepe Abrantes fue simplemente un ministro negligente cuyos subordinados desarrollaron actividades criminales a sus espaldas. Quizás sabía mucho más de lo que posteriormente sostuvo la versión oficial. Quizás Tony de la Guardia nunca dijo lo que Llovio-Menéndez le atribuyó. Quizás Abrantes murió simplemente de un infarto. Todas esas posibilidades deben permanecer abiertas. Pero queda una contradicción difícil de ignorar: si José Abrantes no sabía lo que estaba ocurriendo dentro del ministerio que dirigía, ¿cómo pudieron mantenerse durante tanto tiempo operaciones de aquella magnitud bajo las narices de uno de los aparatos de seguridad más poderosos del continente? Y si sí lo sabía, la pregunta resulta todavía más incómoda: ¿quién estaba por encima de José Abrantes y hasta dónde llegaba realmente la cadena de conocimiento?
Probablemente él conocía la respuesta. Murió en Guanajay en enero de 1991 sin dejar públicamente una versión completa de lo ocurrido. Y esa respuesta, por ahora, Pepe Abrantes se la llevó a la tumba.
