¿Por qué, a pesar de la profunda crisis económica, política y social que atraviesa Cuba desde hace décadas, los cubanos no se rebelan? ¿Por qué un país donde los salarios apenas alcanzan, escasean los alimentos y los medicamentos, los apagones forman parte de la vida cotidiana y millones de personas han terminado marchándose no ha experimentado una rebelión capaz de provocar un cambio político? La respuesta más sencilla suele ser el miedo, incluso hay quienes llegan a decir que los cubanos se han acostumbrado a soportarlo todo, pero reducir un fenómeno de más de seis décadas a una supuesta cobardía colectiva resulta demasiado superficial. El miedo existe y desempeña un papel importante, aunque por sí solo no explica cómo un sistema puede sobrevivir durante tanto tiempo en medio de un descontento social tan profundo.
Una población descontenta no se convierte automáticamente en una población revolucionaria. Para que una rebelión tenga posibilidades reales de convertirse en algo más que una protesta espontánea no basta con que millones de personas estén inconformes con el gobierno, hace falta que sepan que los demás también están dispuestos a actuar, que puedan coordinarse, que existan organizaciones capaces de dirigir las acciones, una oposición reconocible, recursos para sostenerla y, probablemente lo más importante, que llegue un momento en que el aparato estatal deje de funcionar con la eficacia habitual. Cuba ha acumulado muchísimo descontento durante décadas, pero el sistema político ha demostrado una extraordinaria capacidad para impedir que ese malestar se transforme en una fuerza organizada capaz de disputarle el poder.
Imaginemos a un cubano que lleva varias horas sin electricidad, apenas tiene alimentos en el refrigerador, cobra un salario insuficiente y tiene un hijo pensando en abandonar el país. Puede estar completamente harto del gobierno, pero si alguien le propone participar al día siguiente en una protesta frente a una institución estatal, probablemente una de sus primeras preguntas sea cuántas personas van a asistir. Si sabe que serán cien mil, puede decidir acompañarlas; si sospecha que serán veinte, el cálculo cambia radicalmente, porque veinte personas pueden ser identificadas, detenidas y castigadas con relativa facilidad. El problema es que otras cien mil personas pueden estar haciendo exactamente el mismo cálculo, esperando señales de que los demás saldrán primero y tratando de asegurarse de que no terminarán solas frente a la policía.
Ese fenómeno se conoce como problema de coordinación colectiva y ayuda a comprender por qué determinados regímenes pueden sobrevivir durante muchísimo tiempo aunque sean profundamente impopulares. No basta con que una gran cantidad de ciudadanos quiera un cambio; cada uno necesita tener alguna seguridad de que suficientes personas actuarán simultáneamente. Mientras esa certeza no exista, el descontento puede permanecer oculto detrás de una aparente estabilidad.
Esto permite entender mejor la importancia de las protestas del 11 de julio de 2021. Lo extraordinario del 11J no fue solamente que miles de cubanos salieran a las calles, sino que durante unas horas se rompió esa barrera. Las primeras imágenes procedentes de San Antonio de los Baños comenzaron a circular, después aparecieron protestas en otras localidades y, de repente, miles de personas descubrieron que su inconformidad no era un sentimiento aislado.
Por esa misma razón los gobiernos autoritarios suelen reaccionar con enorme rapidez ante una protesta. No se trata únicamente de despejar una calle o dispersar una concentración, sino de impedir el contagio político. Una manifestación de cien personas puede ser manejable, mientras una protesta que demuestra a millones de ciudadanos que existe una masa crítica de inconformes puede convertirse rápidamente en un problema mucho mayor. El peligro para el poder no está solamente en quienes ya salieron a la calle, sino en quienes todavía permanecen en sus casas observando y preguntándose si ha llegado el momento de salir también.
Aquí aparece el miedo, pero su funcionamiento es bastante más complejo que la idea de una población permanentemente aterrorizada. Una dictadura no necesita encarcelar a millones de personas para controlar a millones de personas, porque puede bastarle con castigar severamente a un número relativamente reducido y conseguir que los demás conozcan las consecuencias. Si diez personas protestan en un barrio, algunas son detenidas, otras pierden su empleo y una recibe una condena considerable, el mensaje no está dirigido solamente a esos manifestantes, sino también a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos.
La represión selectiva puede resultar así mucho más eficiente que la violencia indiscriminada. El ciudadano aprende progresivamente cuáles son los límites: puede criticar al gobierno dentro de su casa, protestar por un apagón o hablar mal de los dirigentes con personas de confianza, pero organizarse públicamente, convocar una manifestación o intentar convertir esa inconformidad en una acción política representa algo completamente diferente y puede tener consecuencias mucho más graves. Después de décadas viviendo dentro de ese sistema, ni siquiera es necesario que alguien reciba una amenaza directa cada vez que piensa actuar, porque el cálculo del riesgo ya forma parte de la vida cotidiana.
Sin embargo, existe un elemento posiblemente más importante que el miedo: la destrucción sistemática de organizaciones verdaderamente independientes. Las revoluciones no las realizan simplemente personas enfadadas que un día deciden salir a la calle, necesitan estructuras, liderazgo, redes de comunicación, recursos económicos, lugares de reunión, mecanismos para transmitir información, personas encargadas de organizar acciones y capacidad logística para mantener una movilización durante días o semanas. Sin todo eso, una explosión social puede alcanzar una dimensión impresionante y desaparecer con la misma rapidez.
La propia historia cubana ofrece un ejemplo. Fulgencio Batista no cayó solamente porque existiera un enorme descontento contra su gobierno. Había organizaciones clandestinas, movimientos políticos, estudiantes organizados, redes de apoyo, grupos armados, sectores empresariales independientes, medios de comunicación con determinado margen de autonomía y una oposición capaz de recaudar fondos y movilizar personas, mientras en los últimos meses de 1958 comenzaban a aparecer divisiones importantes dentro del propio régimen y una pérdida creciente de confianza en su capacidad para sobrevivir. El descontento tenía estructuras capaces de convertirlo en acción política.
La revolución que llegó al poder en 1959 conocía perfectamente esa experiencia, entre otras razones porque sus propios dirigentes habían utilizado aquellas estructuras para alcanzar el poder, por lo que progresivamente los sindicatos quedaron bajo control oficial, desapareció la prensa independiente, los partidos políticos dejaron de competir por el gobierno, las universidades quedaron sometidas al nuevo orden político y las organizaciones profesionales fueron incorporadas a estructuras vinculadas al Estado. El resultado no fue solamente la eliminación de los adversarios existentes, sino la enorme dificultad para que pudiera surgir en el futuro una organización con suficiente independencia y capacidad para convertirse en una alternativa real.
Las consecuencias aparecen precisamente cuando estalla una crisis. Incluso suponiendo que cien mil personas estuvieran dispuestas a protestar, todavía quedarían preguntas fundamentales: ¿quién las convoca?, ¿dónde deben reunirse?, ¿cuáles son sus objetivos?, ¿quién negocia en su nombre?, ¿quién recauda fondos para ayudar a los detenidos y sus familias?, ¿cómo mantienen las comunicaciones si el gobierno interrumpe internet?, ¿quién transforma una manifestación espontánea en una organización capaz de continuar funcionando varias semanas? Es precisamente esa capacidad la que un sistema autoritario intenta destruir mucho antes de que llegue el momento en que pueda ser utilizada.
A ello se suma una extensa estructura de vigilancia desarrollada durante décadas. El control político cubano no se limitó a la policía o a los organismos de inteligencia, sino que penetró numerosos espacios de la vida cotidiana a través del centro de trabajo, la escuela, la universidad, las organizaciones de masas, los sindicatos, el Partido Comunista y los Comités de Defensa de la Revolución. Durante mucho tiempo, una opinión política podía tener consecuencias profesionales o personales y esa experiencia produjo gradualmente un fenómeno todavía más eficaz que la vigilancia permanente: la autocensura.
Las personas aprendieron dónde podían hablar, con quién y hasta dónde podían llegar. Alguien podía expresarse de una manera en una reunión laboral y decir exactamente lo contrario cuando llegaba a su casa, creando una enorme distancia entre la opinión pública visible y las convicciones privadas. Millones de comportamientos individuales de ese tipo pueden terminar produciendo una ilusión de consenso extraordinariamente útil para el poder, porque cada ciudadano observa a los demás cumpliendo formalmente con determinadas reglas sin saber cuántos están actuando simplemente por conveniencia, temor o necesidad.
Existe además otro mecanismo que destruye algo indispensable para cualquier organización clandestina: la confianza. Durante décadas, buena parte de la economía cotidiana cubana ha funcionado mediante actividades formalmente ilegales o toleradas de manera irregular, desde la compraventa en el mercado negro hasta el desvío de productos estatales, lo que proporciona a las autoridades numerosas posibilidades de presión sobre ciudadanos que, en muchos casos, no participan en esas actividades por razones políticas, sino sencillamente para sobrevivir.
Conocí personalmente el caso de un hombre que fabricaba champú utilizando productos obtenidos ilegalmente de una fábrica estatal y vivía de venderlo. En determinado momento fue abordado por un agente de la Seguridad del Estado, quien le mostró un expediente con fotografías, datos y pruebas suficientes para procesarlo, pero la propuesta no consistía en obligarlo a abandonar aquella actividad, sino en permitirle continuar a cambio de proporcionar información sobre otras personas. La alternativa era sencilla: colaborar o enfrentarse a una posible condena.
La importancia de un mecanismo semejante va mucho más allá de la información obtenida. Cuando alguien sabe que su vecino, un compañero de trabajo o incluso un amigo puede estar proporcionando información, no necesariamente porque sea partidario del gobierno, sino porque también puede estar sometido a algún tipo de presión, comienza a resultar muy difícil establecer relaciones de confianza suficientes para organizar una estructura clandestina. El Estado no solamente obtiene informantes, sino que introduce incertidumbre dentro de las relaciones sociales, y una sociedad donde nadie sabe completamente en quién puede confiar resulta considerablemente más difícil de organizar políticamente.
Esto ayuda también a comprender por qué determinados sistemas autoritarios pueden parecer extremadamente estables hasta muy poco antes de derrumbarse. Muchas personas ocultan sus verdaderas opiniones porque expresarlas públicamente tiene un costo, de manera que resulta difícil conocer cuánto apoyo real conserva un gobierno y cuánto corresponde simplemente a comportamientos de supervivencia. Cuando finalmente cambia la percepción de lo que los demás están dispuestos a hacer, una estabilidad que parecía sólida puede deteriorarse con enorme rapidez.
Cuba posee además un factor que ha funcionado durante décadas como una enorme válvula de escape: la emigración. Un joven profundamente descontento puede intentar organizarse políticamente, enfrentarse a la Seguridad del Estado, arriesgar su trabajo y exponerse a una condena, o puede concentrar sus esfuerzos en abandonar el país. Para muchísimas personas la segunda alternativa resulta comprensiblemente más atractiva, no porque sean cobardes o indiferentes ante lo que ocurre en Cuba, sino porque emigrar ofrece una solución mucho más inmediata a sus problemas personales.
Desde el punto de vista individual, esa decisión es perfectamente racional, pero desde el punto de vista político tiene una consecuencia importante: cada ciudadano descontento que abandona el país es también una persona menos ejerciendo presión desde dentro. Las sucesivas oleadas migratorias cubanas han permitido que una parte considerable de la inconformidad abandone físicamente la isla, desde Camarioca y el Mariel hasta la crisis de los balseros de 1994 y las migraciones mucho más recientes a través de diferentes rutas latinoamericanas.
Esto resulta especialmente importante porque las personas jóvenes suelen poseer mayor disposición para asumir riesgos y más energía para participar en procesos de transformación política. Cuando una sociedad pierde continuamente una parte importante de esas generaciones, pierde también potenciales organizadores, dirigentes y participantes de una oposición futura. Mientras otras sociedades acumulan dentro de sus fronteras a ciudadanos cada vez más descontentos, Cuba ha exportado durante décadas una parte considerable de su oposición potencial.
Existe además una idea aparentemente lógica que no siempre se corresponde con la realidad histórica: cuanto peor vive una población, más cerca se encuentra necesariamente de rebelarse. La pobreza puede producir indignación, pero también agotamiento. Una persona que dedica buena parte del día a conseguir alimentos, encontrar transporte, buscar medicamentos, resolver las consecuencias de un apagón o conseguir ayuda económica de un familiar en el extranjero dispone de menos tiempo, energía y recursos para participar en actividades políticas.
La supervivencia cotidiana puede convertirse así en una ocupación prácticamente permanente. El ciudadano puede responsabilizar al gobierno de sus problemas y estar profundamente indignado, pero indignación y capacidad para organizar una rebelión son cosas diferentes. La pobreza puede incluso incrementar la dependencia del propio Estado si el empleo, determinados servicios, la vivienda u otros recursos dependen de instituciones oficiales, porque enfrentarse abiertamente al sistema puede significar arriesgar no solamente la libertad, sino también los pocos recursos disponibles.
Todo esto explica una parte del problema, pero todavía queda un factor decisivo: la cohesión del aparato de poder. Existe una visión simplificada de las revoluciones según la cual una multitud sale a las calles, el gobernante contempla la magnitud de las protestas y finalmente abandona el poder, aunque históricamente muchos cambios de régimen se producen cuando las movilizaciones sociales coinciden con una fractura dentro de las propias instituciones que sostienen al gobierno.
Un general decide que no disparará contra los manifestantes, una unidad militar se niega a cumplir determinadas órdenes, algunos dirigentes comienzan a negociar con la oposición o los funcionarios llegan a la conclusión de que el régimen no sobrevivirá y empiezan a preocuparse más por su propio futuro que por defenderlo. Cuando ocurre algo semejante, el equilibrio cambia radicalmente porque los manifestantes ya no se enfrentan a un Estado que actúa como un bloque compacto.
Hasta ahora Cuba no ha experimentado públicamente una ruptura decisiva de esa naturaleza. Pueden existir funcionarios descontentos, militares frustrados o miembros del Partido conscientes del deterioro del país, pero mientras las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, el Partido Comunista y las instituciones fundamentales continúen funcionando de manera cohesionada, el gobierno conserva una capacidad considerable para contener una movilización.
El 11J demostró que existe un descontento profundo y que, bajo determinadas circunstancias, la barrera de la coordinación puede romperse, pero aquellas protestas no produjeron una fractura decisiva dentro del aparato estatal. Las fuerzas encargadas de defender el sistema continuaron funcionando y eso constituye una diferencia fundamental respecto a otros procesos históricos en los que una movilización popular terminó provocando la caída de un régimen.
Existe finalmente un elemento generacional que tampoco debe ignorarse. Una gran parte de la población cubana actual nació después de 1959 y, por tanto, jamás ha vivido dentro de Cuba bajo otro sistema político. No ha participado en elecciones nacionales competitivas donde diferentes partidos tengan posibilidades reales de alcanzar el gobierno, no ha visto a un presidente cubano perder unas elecciones y entregar el poder a un adversario y tampoco ha convivido con una prensa nacional completamente independiente del Estado.
Eso no significa que esas generaciones apoyen necesariamente el sistema, sino algo bastante diferente: carecen de experiencia práctica con una alternativa política dentro de su propio país. Saber qué sistema no se quiere resulta mucho más sencillo que construir el que debe sustituirlo. Después aparecen preguntas inevitables sobre quién dirigiría una transición, cómo se organizarían los partidos, qué ocurriría con las Fuerzas Armadas, cómo se resolvería el problema de las propiedades, cómo se reorganizaría la economía y qué mecanismos impedirían que una transición política terminara provocando una crisis todavía mayor.
Por eso quizá la pregunta inicial esté formulada de manera equivocada. En lugar de preguntarnos por qué los cubanos no se rebelan, sería más útil preguntarnos cómo ha conseguido el sistema cubano impedir durante más de seis décadas que un enorme descontento social se transforme en una fuerza política suficientemente organizada para disputarle el poder. Cuando la pregunta se plantea de esa manera, la respuesta empieza a resultar más comprensible: represión selectiva, vigilancia, destrucción de organizaciones independientes, dificultad para coordinarse, emigración como válvula de escape, agotamiento económico y cohesión del aparato estatal.
Los cubanos, además, sí se han rebelado. Han existido movimientos opositores, protestas locales, huelgas de hambre, manifestaciones y presos políticos, mientras el 11 de julio de 2021 demostró de manera particularmente visible que la imagen de una población completamente pasiva no se corresponde con la realidad. Lo que no ha ocurrido hasta ahora es la coincidencia simultánea de tres factores que podrían alterar decisivamente el equilibrio: un descontento social masivo, una capacidad efectiva para coordinar y organizar ese descontento y una fractura suficientemente importante dentro de las instituciones encargadas de sostener al régimen.
Cuba posee claramente el primero. El 11J demostró que, en determinadas circunstancias, también puede aparecer el segundo. El tercero, al menos públicamente y con una magnitud capaz de alterar el equilibrio político, todavía no se ha producido.
Por eso no resulta convincente afirmar que los cubanos no se rebelan porque sean dóciles, porque hayan aprendido a aceptar el comunismo o simplemente porque tengan miedo. Durante décadas se desarrolló un sistema especialmente eficaz para impedir que el malestar individual pudiera convertirse en una alternativa política organizada y, hasta ahora, con todas sus dificultades y contradicciones, ese mecanismo ha funcionado.
Sin embargo, existe una última paradoja que la historia ha demostrado muchas veces: los sistemas autoritarios pueden parecer extraordinariamente estables hasta poco antes de dejar de serlo, porque la estabilidad de una dictadura no necesariamente demuestra su fortaleza, sino que puede significar simplemente que todavía no han coincidido las condiciones capaces de romper el equilibrio.
Si alguna vez coinciden en Cuba un descontento masivo, una capacidad efectiva de organización y una fractura seria dentro del aparato estatal, la situación podría cambiar con una rapidez que hoy parece difícil de imaginar, porque esa es quizá una de las grandes paradojas de las dictaduras: pueden pasar décadas dando la impresión de que nada cambia y descubrir, cuando finalmente cambia algo fundamental, que sesenta años de aparente estabilidad no les garantizan ni siquiera un día más.
