Entre 1932 y 1933, millones de personas murieron de hambre en Ucrania, una de las regiones agrícolas más fértiles de Europa. No fue simplemente el resultado de una mala cosecha, de una sequía excepcional ni de una catástrofe natural inevitable. Hubo problemas agrícolas, desorganización y una producción inferior a la esperada, pero sobre esa crisis actuaron decisiones políticas tomadas por el gobierno de Iósif Stalin: requisas de alimentos, cuotas de entrega imposibles de cumplir, castigos contra las aldeas que no alcanzaban los objetivos establecidos y restricciones que impidieron a muchos campesinos abandonar las zonas donde el hambre los estaba matando. A aquella tragedia se la conoce como Holodomor, palabra ucraniana que suele traducirse como “matar mediante el hambre”.
Para comprender cómo pudo ocurrir algo semejante hay que regresar a finales de la década de 1920. La Unión Soviética seguía siendo un país fundamentalmente agrícola y una parte enorme de su población vivía en el campo, cultivando pequeñas parcelas familiares con métodos tradicionales. Stalin, sin embargo, quería transformar rápidamente al país en una gran potencia industrial. Había que levantar fábricas, minas, ferrocarriles, centrales eléctricas y presas, adquirir maquinaria extranjera y preparar a la Unión Soviética para competir con las potencias occidentales y afrontar una posible guerra futura. Todo aquello necesitaba enormes cantidades de dinero y una parte importante de esos recursos debía salir precisamente del campo.
La agricultura tenía una doble función dentro de aquel proyecto. Debía alimentar a la creciente población urbana y a los trabajadores de las nuevas fábricas, pero también generar excedentes de cereal que pudieran exportarse para obtener las divisas necesarias para comprar tecnología y maquinaria. En términos sencillos, buena parte de la industrialización soviética iba a financiarse extrayendo del campo todos los recursos posibles. El problema era que millones de campesinos todavía conservaban cierto control sobre sus parcelas, sus animales y el producto de su trabajo. Podían reservar una parte de la cosecha para alimentar a sus familias, guardar semillas para el año siguiente y decidir, dentro de determinados límites, qué hacer con sus excedentes. Esa independencia económica chocaba con el modelo que Stalin pretendía imponer.
La solución fue la colectivización masiva de la agricultura. En teoría, el proyecto podía presentarse como una modernización: sustituir millones de pequeñas parcelas por grandes explotaciones colectivas, introducir maquinaria, aumentar la productividad y racionalizar la producción. En la práctica, significaba que los campesinos debían entregar sus tierras, sus animales y sus herramientas para incorporarse a las granjas colectivas, los llamados koljós. A partir de entonces, el Estado tendría un control mucho mayor sobre qué se cultivaba, cuánto debía producirse y qué cantidad de esa producción debía entregarse.
La resistencia fue enorme. Para una familia campesina, aquella tierra podía haber sido trabajada durante generaciones y sus animales constituían no solo una propiedad, sino también una garantía elemental de supervivencia. Muchos campesinos se negaron a incorporarse a las granjas colectivas; otros escondieron grano, redujeron deliberadamente las siembras o sacrificaron sus animales antes que entregarlos. El gobierno soviético no interpretó aquella resistencia como una reacción previsible ante una transformación económica impuesta desde arriba, sino como una forma de lucha política contra el Estado. La colectivización dejó así de ser únicamente una política agrícola y se convirtió también en una campaña de represión.
En ese contexto apareció la llamada deskulakización. Oficialmente, los kulaks eran campesinos ricos que explotaban el trabajo ajeno, pero la definición terminó ampliándose hasta incluir a personas que difícilmente podían considerarse grandes propietarios. Poseer algunos animales, disponer de ciertas herramientas, contratar ocasionalmente a otro trabajador, esconder parte de una cosecha o simplemente resistirse a ingresar en una granja colectiva podía ser suficiente para recibir aquella etiqueta. Una vez clasificado como kulak, el campesino podía perder prácticamente todo.
Cientos de miles de familias fueron expulsadas de sus hogares y deportadas a Siberia, al norte de Rusia y a otras regiones remotas. Muchas personas murieron durante los traslados o posteriormente en asentamientos donde faltaban viviendas adecuadas, alimentos y atención médica. Otras fueron encarceladas y algunas ejecutadas. El mensaje resultaba inequívoco: resistirse a la política agrícola del gobierno podía convertir a un campesino en enemigo del Estado. La transformación del campo soviético avanzaba así mediante una combinación de planificación económica, confiscación y terror.
Ucrania ocupaba una posición particularmente delicada dentro de aquel proceso. Sus tierras se encontraban entre las más fértiles de la Unión Soviética y producían enormes cantidades de trigo y otros cereales. Era uno de los grandes graneros del país y, por tanto, fundamental para los planes económicos de Stalin. Pero existía también un problema político. Ucrania tenía una lengua propia, una identidad cultural muy arraigada y una tradición nacional que Moscú observaba con desconfianza. Tras la Revolución rusa habían existido movimientos que buscaron la independencia ucraniana, y el Kremlin temía que aquellas aspiraciones pudieran reaparecer.
El campesinado ucraniano quedó situado de ese modo en una posición especialmente peligrosa: era al mismo tiempo una fuente indispensable de alimentos y recursos y una posible base social de resistencia política. Cuando la colectivización comenzó a fracasar, ambas cuestiones terminaron entrelazándose.
Para 1932, el campo soviético atravesaba una situación caótica. La producción había disminuido, una enorme cantidad de ganado había sido sacrificada, las nuevas granjas colectivas sufrían graves problemas de organización y muchos campesinos carecían de incentivos para trabajar con la misma intensidad que antes. Hubo también dificultades climáticas y cosechas inferiores a las esperadas. La hambruna, por tanto, no surgió de una única causa. Lo decisivo fue lo que ocurrió después: a pesar de saber que la producción estaba cayendo, el gobierno mantuvo cuotas de entrega extraordinariamente elevadas.
Las consecuencias fueron devastadoras. Una aldea podía obtener una cosecha muy inferior a la prevista y, aun así, verse obligada a entregar al Estado una cantidad calculada como si la producción hubiera sido normal. Cuando los campesinos advertían que no podían entregar más porque necesitaban reservar alimentos para sobrevivir, las autoridades interpretaban con frecuencia esa incapacidad como sabotaje o como prueba de que existían reservas ocultas. El problema dejó de ser cuánto había producido realmente una comunidad y pasó a ser cuánto creía el Estado que aquella comunidad debía poseer.
Cuando Ucrania no logró cumplir las cuotas, Moscú endureció las medidas. Brigadas integradas por funcionarios, policías y activistas comunistas recorrieron las aldeas buscando alimentos escondidos. Los registros podían ser minuciosos: se inspeccionaban viviendas, sótanos y techos, y se buscaban depósitos enterrados. No solo se confiscaban grandes cantidades de cereal. También podían desaparecer las semillas reservadas para la siguiente siembra, papas, verduras y otros alimentos. Una familia podía quedar así sin comida inmediata y, al mismo tiempo, sin recursos para producir la próxima cosecha.
En agosto de 1932 se aprobó además una legislación extraordinariamente severa para proteger la propiedad de las granjas colectivas. La norma, conocida popularmente como la “ley de las cinco espigas”, permitía imponer penas muy duras por apropiarse de productos considerados propiedad socialista. En medio de una hambruna, recoger cereal abandonado después de una cosecha podía convertirse en un delito castigado con años de trabajos forzados y, en determinados casos, incluso con la muerte.
A estas medidas se sumaron las llamadas listas negras. Las aldeas que no cumplían con las entregas exigidas podían sufrir la suspensión del comercio, la retirada de mercancías y otras restricciones económicas. El mecanismo encerraba una lógica particularmente cruel: una comunidad que no conseguía entregar suficiente cereal porque estaba quedándose sin alimentos podía ser castigada precisamente dificultándole todavía más el acceso a la comida. Algunas poblaciones quedaron prácticamente sitiadas.
Cuando el hambre comenzó a hacerse insoportable, muchos campesinos intentaron marcharse. Era la reacción más elemental: abandonar una región donde ya no había alimentos y buscar comida en otra parte. Pero a finales de 1932 y comienzos de 1933 las autoridades soviéticas impusieron restricciones al desplazamiento de campesinos de Ucrania y de determinadas regiones vecinas. Se establecieron controles en estaciones ferroviarias y carreteras, y numerosas personas fueron detenidas y obligadas a regresar.
Ese hecho resulta esencial para comprender la naturaleza de la tragedia. Un gobierno puede provocar una catástrofe mediante políticas económicas desastrosas y negarse durante demasiado tiempo a reconocer su fracaso. Aquí ocurrió algo más: cuando las autoridades ya sabían que miles de personas intentaban escapar porque no tenían qué comer, limitaron deliberadamente su posibilidad de hacerlo. Para muchos campesinos, la aldea en la que se estaban muriendo se convirtió también en el lugar del que no podían salir.
Mientras tanto, la Unión Soviética continuó exportando cereal. Las exportaciones disminuyeron respecto de años anteriores, pero no desaparecieron. Stalin necesitaba divisas para mantener su programa de industrialización y el proyecto económico siguió teniendo prioridad incluso cuando la magnitud de la tragedia era cada vez más evidente.
La primavera de 1933 fue terrible. El hambre alcanzó niveles extremos y numerosas aldeas quedaron devastadas. Los testimonios de sobrevivientes describen personas alimentándose de hierbas, raíces, cortezas de árboles, animales domésticos y cuero hervido. Hubo quienes murieron en las calles, junto a las cercas o dentro de sus propias viviendas, mientras los supervivientes estaban demasiado debilitados para retirar los cadáveres.
Los niños fueron especialmente vulnerables. Muchos murieron y otros quedaron huérfanos. Algunas familias los abandonaban en estaciones ferroviarias o en las ciudades con la esperanza desesperada de que alguien pudiera alimentarlos. Existen también casos documentados de canibalismo, uno de los testimonios más extremos del nivel de degradación física al que puede llevar el hambre. No se trataba de una sociedad que hubiera perdido inexplicablemente toda norma moral, sino de seres humanos sometidos a una situación límite en la que la necesidad de sobrevivir había destruido prácticamente todas las barreras imaginables.
Mientras aquello ocurría, el gobierno soviético negaba que existiera una hambruna. La prensa estaba sometida a censura, se dificultó el acceso de periodistas extranjeros a determinadas regiones y hablar públicamente de lo que sucedía podía tener graves consecuencias. Admitir la catástrofe habría significado reconocer que la colectivización, presentada como uno de los grandes triunfos de la transformación socialista, estaba produciendo un desastre humano de proporciones enormes.
Algunos periodistas extranjeros intentaron romper aquel silencio. Uno de los más conocidos fue el galés Gareth Jones, quien recorrió regiones afectadas y describió públicamente la miseria y el hambre que encontró. Otros adoptaron una actitud muy diferente. El caso más célebre fue el de Walter Duranty, corresponsal de The New York Times en Moscú, cuya cobertura minimizó la magnitud de la hambruna y se aproximó considerablemente a la versión oficial soviética. Duranty disfrutaba de un acceso privilegiado a las autoridades y su actuación quedó posteriormente como uno de los ejemplos más discutidos de los peligros que aparecen cuando la cercanía de un periodista al poder termina condicionando la manera en que cuenta la realidad.
Determinar el número exacto de víctimas sigue siendo difícil. El régimen ocultó información, manipuló estadísticas y dificultó durante décadas el estudio de la catástrofe. El censo soviético de 1937 reveló una población considerablemente inferior a la que las autoridades esperaban. En lugar de aceptar las implicaciones de aquellos datos, el gobierno invalidó el censo y varios de sus responsables fueron arrestados. Las investigaciones demográficas modernas suelen situar las muertes en Ucrania entre 3.5 y 5 millones de personas, aunque existen estimaciones superiores.
Ucrania tampoco fue la única región devastada por las políticas de colectivización. Kazajistán sufrió una catástrofe demográfica enorme cuando las autoridades intentaron sedentarizar por la fuerza a poblaciones nómadas y confiscaron buena parte de su ganado. Otras zonas de la Unión Soviética padecieron también hambre severa. Este hecho es importante porque demuestra que la violencia ejercida contra el campesinado formaba parte de una política soviética mucho más amplia. Al mismo tiempo, en Ucrania se aplicaron medidas particularmente duras en un contexto marcado además por la preocupación de Moscú ante el nacionalismo ucraniano.
Una tragedia demográfica de semejante magnitud no terminó cuando volvió a haber alimentos. Millones de muertos significaron también millones de hijos que nunca nacieron, familias desaparecidas y comunidades profundamente alteradas. Algunas aldeas perdieron una parte enorme de sus habitantes y las consecuencias demográficas se prolongaron durante generaciones. El Holodomor dejó una herida que no podía cerrarse simplemente con una nueva cosecha.
Además, la destrucción del campesinado coincidió con una ofensiva contra sectores importantes de la cultura ucraniana. Escritores, profesores, artistas, académicos, religiosos y funcionarios fueron perseguidos, encarcelados, deportados o ejecutados durante aquellos años. Una parte de aquella generación de intelectuales ucranianos terminaría siendo conocida como el “Renacimiento fusilado”. El hambre y la represión cultural no fueron exactamente el mismo proceso, pero ocurrieron bajo el mismo régimen y en un periodo en el que Stalin buscaba eliminar cualquier foco de autonomía política o cultural que pudiera amenazar el control de Moscú.
De ahí surge uno de los grandes debates históricos alrededor del Holodomor: si debe considerarse un genocidio. Ucrania y numerosos países lo reconocen oficialmente como tal. Quienes sostienen esa interpretación señalan que las medidas aplicadas no pueden separarse del temor de Stalin al nacionalismo ucraniano y destacan la combinación de cuotas imposibles, confiscaciones, listas negras, restricciones a la movilidad, persecución política y ataques contra la cultura nacional.
Existe también otra interpretación historiográfica. Algunos especialistas, sin negar la responsabilidad de Stalin ni la brutalidad de las políticas aplicadas, consideran que el Holodomor debe entenderse principalmente dentro de la gran hambruna soviética provocada por la colectivización. Según esta lectura, el objetivo central del régimen habría sido destruir la resistencia campesina y extraer del campo los recursos necesarios para industrializar la Unión Soviética, no exterminar específicamente al pueblo ucraniano. La diferencia no es menor, porque la definición jurídica de genocidio exige demostrar la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Ese debate merece ser expuesto porque la historia no gana nada ocultando las interpretaciones que complican una conclusión. Pero también conviene separar la discusión jurídica de los hechos esenciales. Stalin y su gobierno sabían que la población estaba muriendo de hambre. Sabían que las requisas estaban dejando a familias sin alimentos, conocían las dificultades para cumplir las cuotas y eran conscientes de que los campesinos intentaban abandonar las regiones afectadas para sobrevivir. A pesar de ello, las confiscaciones continuaron, esconder alimentos siguió siendo castigado y se restringió la posibilidad de escapar. Por eso resulta imposible explicar el Holodomor simplemente como una mala cosecha o un accidente económico.
Durante décadas, además, las víctimas ni siquiera pudieron ser recordadas públicamente. En la Unión Soviética el Holodomor permaneció prácticamente excluido del relato oficial. Las familias conservaron sus recuerdos en privado, mientras faltaban monumentos, conmemoraciones y referencias abiertas a la tragedia. Solo durante la Glásnost, en los últimos años de la URSS, comenzó a quebrarse seriamente aquel silencio. Tras la independencia de Ucrania en 1991, la apertura de archivos, la recuperación de testimonios y nuevas investigaciones permitieron reconstruir con mucha mayor profundidad lo sucedido.
Hoy, cada cuarto sábado de noviembre, Ucrania conmemora a las víctimas del Holodomor y muchas personas colocan velas en las ventanas. Es un gesto sencillo para recordar a millones de seres humanos que durante décadas no tuvieron siquiera el derecho de ocupar un lugar público en la memoria de su país. Muchos murieron sin tumbas identificables y bajo un gobierno que se negó a reconocer abiertamente la catástrofe mientras ocurría.
Quizá ahí se encuentre una de las dimensiones más inquietantes del Holodomor. Cuando pensamos en una hambruna solemos imaginar una tierra donde sencillamente no existe comida: una sequía destruyó las cosechas, una guerra arrasó los campos o alguna calamidad natural hizo imposible alimentar a la población. Ucrania demostró que también puede ocurrir algo diferente. Puede existir alimento y, sin embargo, millones de personas pueden perder el acceso a él porque el poder decide cuánto deben entregar, cuánto pueden conservar y qué ocurre con quienes se resisten.
Cuando un mismo gobierno puede apropiarse de la cosecha de una familia, castigarla por esconder comida y finalmente impedirle marcharse a buscarla en otro lugar, la cuestión deja de ser únicamente económica. Se convierte en una cuestión de poder sobre la supervivencia humana. El Holodomor fue posible porque un proyecto político llegó a considerar sus objetivos más importantes que las vidas sacrificadas para alcanzarlos.
Por eso, más allá de la discusión jurídica que continúa entre historiadores, considero que Holodomor es una palabra que describe un genocidio. No porque todas las hambrunas producidas por la colectivización soviética fueran idénticas ni porque cada decisión de Stalin pueda reducirse a un único propósito, sino porque en Ucrania la extracción despiadada de alimentos, la represión del campesinado, las restricciones para escapar y la ofensiva contra la identidad nacional terminaron convergiendo sobre una población a la que el régimen sabía que estaba condenando a morir por millones.
El hambre puede ser una desgracia. Puede ser consecuencia de la naturaleza, de una guerra o incluso de una política desastrosa. Pero cuando un gobierno sabe que sus decisiones están dejando a millones de personas sin comida, continúa arrebatándosela y les cierra además el camino para escapar, el hambre adquiere otra naturaleza.
En la Ucrania de Stalin, dejó de ser solamente una tragedia: Se convirtió en un crimen.
